En medio de una recesión con inflación alta, con sus implicancias de pérdida de la capacidad de compra del salario producto de la suba de alimentos, servicios básicos, medicamentos, etc, y despidos masivos en el sector público y privado. Y a causa de, ello muchos ciudadanos perdieron su obra social o debieron dejar de pagas sus prepagas y el incremento en otros costos de vida priva a muchos otros del acceso a medicamentos, Luján decide tomar la medida menos solidaria posible: impedir la atención en su hospital de personas que no residan en el distrito, y priorizará la atención en la guardia según el tipo de dolencia.
A través de dos notas en la mesa de entrada del hospital local, firmadas por su director, Guillermo Barragán, se comunica que "en virtud del aumento en la demanda de turnos de consultorios externos, cirugías, internaciones y solicitud de estudios por pacientes pertenecientes a otros partidos, que suman un incremento significativo en la utilización de insumos y recursos humanos, transitoriamente y hasta nuevo aviso, se suspenderán los turnos y la realización de estudios para aquellos pacientes que no residan en el partido de Luján". Mientras que la segunda nota dice que "todo requerimiento que ingrese por la Guardia, debido a la emergencia sanitaria y a la gran demanda de consultas por guardia, se priorizarán urgencias relacionadas a dificultades respiratorias, traumatismos, heridas, fiebre en pacientes menores a tres meses o convulsiones".
La medida, además de lo menos solidaria posible, pareciera ser ilegal. El derecho a la salud no puede ser restringido y Luján no es un territorio soberano capaz de tomar ese tipo de decisiones.
De existir una crisis social, que deriva en sanitaria, económica y presupuestaria, son los gobiernos nacional y provincial del mismo signo político del Intendente de Luján, Oscar Luciani, quienes la provocaron.
Flaco favor le hace el Intendente de Cambiemos a su Presidente y Gobernadora al incrementar el malhumor social tomando este tipo de medidas que acorralan a gran parte de la población: sin trabajo o con un salario que no le permite llegar a fin de mes, alimentos caros, servicios públicos esenciales caros, medicamentos, caros, prepagas caras u obra social perdida por la pérdida de trabajo y, para colmo, el acceso a la salud pública restringido por un Intendente.
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